El Ayuntamiento de Mérida separó de su cargo a un servidor público adscrito al Catastro municipal después de detectar posibles irregularidades administrativas.
La medida fue adoptada mientras las áreas competentes revisan la actuación señalada y determinan si existen responsabilidades conforme a la normativa municipal.
La separación preventiva no constituye por sí misma una sanción definitiva ni anticipa el resultado de la investigación. El procedimiento deberá documentar los hechos y garantizar el derecho de audiencia de la persona involucrada.
El gobierno municipal indicó que mantendrá la revisión interna y que aplicará las medidas correspondientes si se comprueban faltas administrativas.
Hasta el momento no se han difundido públicamente datos personales ni una resolución final del caso.
