Dos iniciativas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso han desatado una discusión sobre sus posibles efectos en la libertad de expresión, luego de que periodistas, caricaturistas y organizaciones civiles advirtieran que algunas de sus disposiciones podrían alcanzar contenidos satíricos, parodias y publicaciones difundidas en internet.
Las propuestas fueron recibidas por el Congreso a finales de mayo. Una plantea modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, mientras que la segunda busca reformar la Ley Federal del Derecho de Autor para establecer nuevas responsabilidades para los proveedores de servicios de internet.
La primera iniciativa generó especial controversia por la propuesta de incorporar el artículo 403 Bis a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. En su versión original contemplaba sanciones de entre tres y siete años de prisión para determinados usos no autorizados, a escala comercial, de la identidad gráfica de instituciones públicas cuando pudieran inducir a error o engaño.
Durante su análisis en comisiones del Senado, el texto fue modificado. La pena planteada se redujo y se precisó que la conducta sancionable tendría que realizarse a escala comercial, utilizar elementos de identidad oficial y estar dirigida a engañar respecto del origen gubernamental de una comunicación, documento, plataforma o servicio con la finalidad de cometer un ilícito.
El dictamen fue aprobado el 23 de septiembre por las comisiones unidas de Justicia, Economía y Estudios Legislativos Primera del Senado y recibió primera lectura en el pleno, por lo que todavía no constituye una norma vigente.
Sin embargo, las modificaciones no terminaron con las críticas.
ARTICLE 19 señaló este 28 de septiembre que, pese a los ajustes realizados en el Senado, la redacción mantiene elementos que, desde la perspectiva de la organización, podrían permitir interpretaciones que afecten usos periodísticos, artísticos, críticos o satíricos de la identidad gráfica gubernamental. La organización pidió al Congreso revisar el proyecto y establecer garantías más claras para proteger la libertad de expresión.
La segunda reforma afecta directamente al contenido en internet
La otra iniciativa presidencial reforma la Ley Federal del Derecho de Autor y propone establecer un régimen de responsabilidad secundaria para los proveedores de servicios de internet.
Entre otros puntos, plantea que estas empresas cuenten con políticas para suspender el servicio a usuarios reincidentes en infracciones de derechos de autor y contempla que puedan asumir responsabilidad por determinadas infracciones cometidas por sus usuarios cuando incumplan las obligaciones previstas en la ley.
ARTICLE 19 ha advertido que esta propuesta podría incentivar que las plataformas retiren contenidos antes de que exista una resolución judicial, debido al riesgo de enfrentar sanciones. Para la organización, conceptos como “contribuir”, “inducir” o “causar” una infracción son demasiado amplios y podrían provocar monitoreo y eliminación preventiva de publicaciones.
La iniciativa permanecía todavía en proceso legislativo en la Cámara de Diputados y no se encontraba vigente.
Caricaturistas expresan preocupación
La controversia llegó también al gremio de los caricaturistas.
En entrevista con Azucena Uresti, Chavo del Toro, caricaturista de El Economista, expresó preocupación por las dos iniciativas y sus posibles consecuencias para quienes utilizan la sátira como herramienta de crítica política.
“Si quieren que estemos en la cárcel, pues vamos a la cárcel, ya qué más”, declaró.
La periodista Leticia Robles de la Rosa también señaló que la combinación de las reformas sobre propiedad intelectual y derechos de autor podría tener efectos sobre caricaturas, imágenes y contenidos difundidos en internet, aunque los alcances de esas disposiciones continúan siendo objeto de debate jurídico.
¿Existe realmente una “Ley Antimemes”?
No existe formalmente en México una legislación denominada “Ley Antimemes”.
El nombre comenzó a utilizarse en medios de comunicación y en el debate político para referirse a las dos iniciativas relacionadas con propiedad intelectual y derechos de autor.
Tampoco existe actualmente una disposición que establezca de manera explícita prisión simplemente por crear o compartir un meme contra un funcionario público.
La controversia se concentra, más bien, en determinar si la redacción de algunos artículos podría utilizarse de manera amplia contra contenidos satíricos o críticos. Sus promotores sostienen que las reformas buscan combatir la piratería, la falsificación, el fraude mediante símbolos oficiales y las violaciones a derechos de autor; organizaciones defensoras de la libertad de expresión consideran que algunas disposiciones necesitan mayores salvaguardas para evitar abusos.
Por ahora, las reformas continúan dentro del proceso legislativo y sus alcances definitivos dependerán del texto que eventualmente aprueben ambas cámaras del Congreso.
